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Dignidad, vergüenza y autoridad

Para desgracia de todos nosotros, costarricenses, las noticias sobre actos cuestionables y lamentables en la función pública se han vuelto moneda común. Un día sí y otro también, vemos cómo fundados cuestionamientos y críticas recaen sobre diputados, ministros, presidentes de instituciones autónomas, magistrados, políticos, partidos políticos y funcionarios públicos. Lo peor de todo no son las noticias que se publican, ni su carácter reiterado, ni las ridículas explicaciones que algunos dan a un pueblo que creen tonto. No, lo peor de todo es que nada cambia, cuando la situación de descomposición que denuncia la prensa impone más bien un socollón profundo.

Función pública y valores. Desde luego, no pretendemos caer aquí en groseras generalizaciones, ni desconocer que existen funcionarios públicos valiosos y comprometidos con su trabajo, pero sí queremos aportar algunas reflexiones que consideramos oportunas. Desde nuestra concepción, la función pública requiere de múltiples virtudes en quienes la ejercen, pero principalmente demanda un sólido zócalo de valores, entre los cuales destacan como imprescindibles la dignidad y la vergüenza.

Dignidad. Tal como la define la Real Academia Española,“dignidad” es la “gravedad y decoro en la manera de comportarse”. Un funcionario público, un político, un miembro de los supremos poderes, está llamado a predicar con el ejemplo, a actuar dignamente, es decir con rectitud,  honestidad y recato. Claro está, nadie es perfecto, en nuestra condición de seres humanos está implícita la falta, todos nos equivocamos y cometemos errores. El problema, en el ámbito de la función pública, se presenta cuando no se actúa como se debe frente al error, cuando no se toman las medidas apropiadas y necesarias ante una situación incorrecta o, peor aún, cuando no se trata de un “error” sino de un acto hecho de manera voluntaria, con plena intención y conocimiento de causa.

Vergüenza. Ahí es donde, en principio, debería entrar en escena la “vergüenza”, definida como la “turbación del ánimo, que suele encender el color del rostro, ocasionada por alguna falta cometida, o por alguna acción deshonrosa y humillante, propia o ajena”. Por sentido de responsabilidad, porque así lo impone la dignidad propia del cargo, pero sobre todo por vergüenza, existen países donde los funcionarios públicos renuncian a sus cargos cuando son objeto de fundados cuestionamientos, aún y cuando los mismos no deriven de actos propios, sino de sus subalternos. Lamentablemente, eso no sucede aquí, pues por severo y grave que sea el cuestionamiento, la palabra “renuncia” no aparece en el vocabulario de nuestros funcionarios públicos, que sin el menor síntoma de sonrojo, se aferran a sus cargos igual que se agarra del árbol un monito en ventolera.

Autoridad. Esa triste realidad es la que hace imprescindible ligar la existencia de valores con el cabal ejercicio de la “autoridad”, entendida no sólo como el poder de quien gobierna o ejerce el mando, sino también como un deber. Quienes ostentan cargos públicos, especialmente los de alto rango y con capacidad de decisión, tienen la obligación de ejercer la autoridad que les fue delegada por el pueblo, con firmeza, con rectitud, con la mirada puesta en el bien común. Por eso, cuando no se predica con el ejemplo, cuando se violan las leyes que se juraron respetar, cuando se tutelan los intereses propios y no los generales, cuando por política o por negligencia se ponen en peligro preciados bienes o instituciones públicas, se debe intervenir, con firmeza y decisión. Allí donde falla la dignidad, donde no existe la vergüenza, debe imponerse la autoridad. Es hora ya de enderezar el rumbo y de ponerle freno a quienes desmerecen la función pública, por el bien de Costa Rica, por el bien de todos nosotros.

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