Nuestro país atraviesa por una gravísima crisis de seguridad ciudadana. Nos hemos convertido en el principal punto de trasiego de droga desde Sudamérica hasta los Estados Unidos, fenómeno criminal que a su vez impulsa muchos otros: aumento del tráfico interno de drogas, proliferación de organizaciones criminales, lucha entre bandas por el control de territorios, sicariato y asesinatos por ajustes de cuentas, lavado de dinero…
Este panorama alarmante se agrava por la inacción de las autoridades del gobierno, que pareciera no tienen una estrategia clara para combatir la delincuencia. Más allá de las desafortunadas “recomendaciones” del señor Ministro de Seguridad Pública, para que los vecinos les pidan a los narcos de sus barrios ir a vender drogas a otro lugar, preocupa muchísimo su anuncio de que presentará su política hasta en noviembre de este año, como si el problema que enfrentamos no fuera apremiante.
Atendiendo una oportuna iniciativa del señor Presidente de la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial planteó algunas propuestas. Sin embargo, no tendrán efecto en el corto plazo pues requieren reformas legales y se aplicarán en los procesos penales, es decir, son medidas represivas y no preventivas. Por ende, no son suficientes para combatir la creciente criminalidad.
Para mejorar duraderamente la situación se requiere la definición de una política criminal, con objetivos de corto, mediano y largo plazo. Esto implica planear un conjunto de estrategias para combatir el fenómeno criminal, a partir de datos y de evidencia científica, pues es necesario identificar las causas de la delincuencia para atacarla eficazmente.
Además, la política criminal exige la participación de las diversas instituciones del Estado. Por ejemplo, el combate del “narcomenudeo” necesita de una política de salud pública, que involucre al Ministerio de Salud y al IAFA, pues muchas personas venden droga para financiar su propio consumo, por ser adictos. Si les ayudamos a salir de la adicción tendrán mayores probabilidades de dejar la delincuencia. Eso sí, a condición de que la sociedad pueda permitirles estudiar, trabajar, desarrollarse como individuos…
Lamentablemente, pocas veces se integran estos elementos en el combate del delito. Una política criminal efectiva tiene que involucrar al Estado, pero también a la escuela, la familia, la empresa privada, ONG’s, entre muchos otros actores, pues se necesitan medidas que vayan orientadas a la prevención y no solo a la represión y la sanción.
No debemos caer en la tentación penalizadora, facilista y populista, como lo han hecho otros países, y mucho menos renunciar a los valores que hacen de nuestro país una democracia, pues el fin no justifica nunca los medios. Con preocupación constato que algunos costarricenses idealizan modelos autocráticos y autoritarios, donde el combate a la delincuencia autoriza todos los atropellos imaginables a la dignidad humana y a los derechos de las personas.
Dicho esto, ¿Qué podemos hacer o debemos tener en cuenta para definir una política criminal coherente, de conjunto, efectiva? Hay muchas alternativas y el espacio es poco. Me atrevo a proponer algunas pistas de reflexión.
En el corto plazo la situación amerita medidas contundentes, policiales y judiciales. Solo así se puede frenar la ola de homicidios y desarticular a las organizaciones criminales que nos están arrastrando en su sangriento salvajismo. Necesitamos más recursos para comprar vehículos, equipos, cámaras, contratar oficiales de policía y pagarles mejor. El uso de estos recursos debe ser eficiente y debidamente fiscalizado, para que no ocurran gollerías como las que se han dado con otras compras de emergencia en instituciones como la CCSS.
Además, existen cuerpos policiales municipales que debemos aprovechar, por lo que conviene estudiar la manera más adecuada y eficiente de coordinar su trabajo con el del Ministerio de Seguridad Pública y el del Organismo de Investigación Judicial.
En el mediano plazo, hay que adoptar reformas que hagan más eficaz el sistema penal. Es esencial que para todo delito haya una respuesta estatal, lo que no sucede en la actualidad. Utilizo adrede el término “respuesta”, pues no se trata de imponerle prisión a todo condenado, sino de responder adecuadamente a toda conducta antisocial. Esto es esencial pues la ineficiencia del sistema de justicia penal es muy peligrosa y resquebraja la confianza del ciudadano en sus instituciones.
También deberíamos ampliar el catálogo de sanciones penales, como sucede en la Ley de Justicia Penal Juvenil, pues no siempre la prisión es la mejor alternativa y la experiencia muestra que el encarcelamiento difícilmente resocializa. Hay que fomentar salidas alternas al proceso penal, que son mejores para reestablecer la paz social, o fortalecer el sistema contravencional, ya que muchos de los problemas que afectan la convivencia son contravenciones, no delitos.
Desde luego, hay que revisar la aplicación de la prisión preventiva y del monitoreo electrónico, no para abrir un portillo y permitir la aplicación indiscriminada de estos institutos, sino para asegurarnos de que se usen de manera eficaz, cosa que no siempre sucede actualmente, y que permitan alcanzar los fines de todo proceso penal.
Otro eje que debe mejorarse es de la ejecución de la pena, iniciando por la adopción de una ley que regule cómo debe cumplir su sanción el condenado, que establezca con claridad en qué casos puede optar por beneficios, así como cuáles son las autoridades competentes para concederlos y mediante cuál procedimiento. Si nos guiamos por las informaciones que se han publicado recientemente sobre delitos cometidos por condenados que tenían beneficios carcelarios, pareciera claro que el modelo actual está fallando y debe revisarse.
Debemos también construir más prisiones, pues no existe espacio suficiente en la actualidad. Los nuevos centros deben tener condiciones que permitan a los condenados cumplir su sanción en un ambiente que posibilite su resocialización. Nuestras cárceles, lejos de resocializar, son más bien escuelas del crimen. Si de verdad deseamos disminuir la delincuencia tenemos que humanizar la ejecución de la pena, por más que esto sea muy impopular.
Entre las medidas extrapenales, es preciso mejorar los controles de lavado de dinero. ¿Cuántos casos conoce usted en los que se hayan desarticulado redes de legitimación de capitales? Somos el principal punto de trasiego de droga en el continente, pero pareciera que aquí no se lava dinero… Se concluye fácilmente que el sistema de control está fallando estrepitosamente. Hay que pensar, pues, en cómo dotarlo de verdadera efectividad.
Finalmente, las medidas a largo plazo son las más difíciles, pero también las más importantes. Costa Rica tiene que hacer reformas estructurales para combatir la pobreza, aumentar el empleo, mejorar la redistribución de la riqueza, brindar igualdad de oportunidades para construir una sociedad más equitativa. Actualmente tenemos la tasa de pobreza más alta en menores de 18 años (casi el 30%) y la segunda tasa más alta de desempleo (11,7%) de todos los países de la OCDE. Hoy por hoy, casi uno de cada cuatro costarricenses vive en la pobreza (23%), cifra que se agrava en hogares de mujeres jefas de hogar o en las provincias costeras. A esto se suma la profunda crisis que atraviesa nuestro sistema de educación pública, sin que por cierto sepamos cuál es la “ruta de la educación”…
Si queremos prevenir y combatir la delincuencia, es preciso construir una patria mejor y más justa, donde todas las personas tengan oportunidad de crecer, de desarrollarse, de realizarse como profesionales y como seres humanos. Eso es lo que demuestra la experiencia en países con bajos índices de criminalidad, donde correlativamente existen altos índices de desarrollo humano y económico. Si otros países pudieron lograrlo, ¿Por qué nosotros no? Yo no sé usted, pero como costarricense yo aspiro a eso, y más…
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