Las noticias que publican diariamente los medios de comunicación en nuestro país, con respecto a la inseguridad ciudadana, son francamente desalentadoras. Para muestra algunos ejemplos:
1.- El año pasado tuvimos la tasa de homicidios más alta de nuestra historia: 12,6% /100.000 habitantes. Aunque en la última década la población creció un 10%, la tasa de homicidios aumentó en un 60%, siendo Costa Rica el país que registra el mayor aumento en el continente americano.
2- Durante el 2022 se decomisó un 46,4% menos de cocaína que durante el año 2021.
3.- Regularmente se informa sobre crímenes cometidos por personas con amplios antecedentes policiales que se encuentran en libertad. Recientemente un joven de 19 años falleció en un tiroteo en el que hirió de gravedad a un oficial del OIJ, cuando intentaron detenerlo. Desde que tenía 14 años, este joven fue enviado en 22 ocasiones al Ministerio Público, había estado encarcelado y se le buscaba como sospechoso de 3 homicidios.
Lamentablemente, ante esta realidad, la clase política propone a menudo crear nuevos delitos, o agravar las penas de los que existen, o limitar los derechos de las personas acusadas, o fomentar el uso de la prisión preventiva. Sin embargo, ninguna de esas medidas ayuda a prevenir el crimen, sino que buscan castigar la comisión de delitos.
Y aquí debemos preguntarnos, ¿Qué es preferible para la sociedad, prevenir el delito o castigarlo? Desde luego, lo primero. Siempre es mejor evitar el mal que castigarlo. Aunque el castigo sea fuerte o la pena alta, eso no devuelve al ser querido perdido, ni remedia la tragedia.
Ahora bien, la prevención del delito es muy difícil, requiere de estudios serios, de políticas de corto, mediano y largo plazo, diseñadas a partir de datos y de ciencia, de la participación de otros actores de la sociedad y no únicamente del Estado.
La criminalidad es un fenómeno multicausal, que obedece a muchos factores, y cada fenómeno criminal es distinto: quien delinque traficando droga “al menudeo” lo hace por razones distintas que quien delinque con contratos de obra pública con el Estado.
Así pues, toda política criminal tiene que partir del conocimiento y entendimiento de los factores que propician y fomentan el fenómeno concreto que se quiere combatir. Por ejemplo, para luchar contra el narcotráfico necesitamos la acción de la policía, del Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad Pública, así como la colaboración de otros países, por ser un fenómeno transnacional. Pero también deben involucrarse las autoridades del Ministerio de Salud, del IAFA, del Ministerio de Educación Pública, INA, entre otros actores.
¿Por qué? Porque muchos de los jóvenes que trafican son adictos, que venden para poder sostener su consumo. Si rompemos el círculo de adicción, podemos ayudarles a salir de la delincuencia. Además, es preciso ofrecerles un futuro con oportunidades a los jóvenes, lo que implica mejorar nuestro sistema de educación pública, la formación técnica y profesional, disminuir el desempleo y la desigualdad social. Todos estos son elementos que deben formar parte de una política criminal de conjunto y coherente.
Y es aquí donde fallamos estrepitosamente, pues tenemos una visión muy reducida y limitada de cómo debe diseñarse una estrategia de combate a la criminalidad. No es cuestión solo del Estado, como erróneamente se piensa, y menos aún es cosa solamente de la policía y autoridades judiciales.
Claro está, la tarea es difícil y debe abordarse con seriedad, con visión de Estado, lejos de poses políticas, de cálculos electorales. Lo que está en juego es demasiado importante como para seguir posponiendo la toma de decisiones, pero decisiones de verdad, en serio, no simplemente aquellas que generan titulares de prensa pero que no resuelven nada.
Rodolfo Brenes Vargas
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