Deben hacerse todos los esfuerzos para combatir la corrupción en la función pública. Sin embargo, eliminar el beneficio de ejecución condicional de la pena para los condenados por este tipo de delitos es una medida populista, sin ninguna eficacia verdadera en el combate a este tipo de criminalidad.
Lamentablemente, siempre es más fácil recurrir a reformas de este tipo, mediante las cuales se presenta una imagen de “mano dura” ante la opinión pública, antes que plantear reformas de fondo que busquen una verdadera solución al fenómeno criminal que se combate. La experiencia muestra que, entre mayor transparencia en el ejercicio de la función pública, menores índices de corrupción. Sin embargo, todos los gobiernos son reacios a transparentar el ejercicio del poder.
Del mismo modo, se pueden mejorar los controles en las entidades públicas, reforzar el papel de las auditorías internas, facilitar los canales de denuncia para los “lanzadores de alerta”. Estas sí son medidas que permiten combatir la corrupción pública. Por su parte, eliminar la ejecución condicional de la pena es algo que interviene después de cometido el delito, por lo que no evita el problema.
Por último, en un Estado democrático de derecho, se supone que la sanción penal tiene por objetivo la resocialización del condenado. Desde luego, este es un ideal que no se cumple en nuestro país, donde las cárceles tienen condiciones inhumanas y deplorables. Pero no por eso debemos obviar que la pena de prisión no tiene por objetivo aislar al delincuente de la sociedad, sino castigarlo por el hecho cometido y permitir su reinserción en la sociedad.
Bienvenido sea, entonces, el combate a la corrupción. Pero hagámoslo seriamente, con medidas de fondo, no con leyes populistas que carecen de efectos reales y solamente producen un efecto de anuncio.
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