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Nuevo proyecto de ley sobre corrupción en la función pública

Deben hacerse todos los esfuerzos para combatir la corrupción en la función pública. Sin embargo, eliminar el beneficio de ejecución condicional de la pena para los condenados por este tipo de delitos es una medida populista, sin ninguna eficacia verdadera en el combate a este tipo de criminalidad.

Lamentablemente, siempre es más fácil recurrir a reformas de este tipo, mediante las cuales se presenta una imagen de “mano dura” ante la opinión pública, antes que plantear reformas de fondo que busquen una verdadera solución al fenómeno criminal que se combate. La experiencia muestra que, entre mayor transparencia en el ejercicio de la función pública, menores índices de corrupción. Sin embargo, todos los gobiernos son reacios a transparentar el ejercicio del poder.

Del mismo modo, se pueden mejorar los controles en las entidades públicas, reforzar el papel de las auditorías internas, facilitar los canales de denuncia para los “lanzadores de alerta”. Estas sí son medidas que permiten combatir la corrupción pública. Por su parte, eliminar la ejecución condicional de la pena es algo que interviene después de cometido el delito, por lo que no evita el problema.

Por último, en un Estado democrático de derecho, se supone que la sanción penal tiene por objetivo la resocialización del condenado. Desde luego, este es un ideal que no se cumple en nuestro país, donde las cárceles tienen condiciones inhumanas y deplorables. Pero no por eso debemos obviar que la pena de prisión no tiene por objetivo aislar al delincuente de la sociedad, sino castigarlo por el hecho cometido y permitir su reinserción en la sociedad.

Bienvenido sea, entonces, el combate a la corrupción. Pero hagámoslo seriamente, con medidas de fondo, no con leyes populistas que carecen de efectos reales y solamente producen un efecto de anuncio.

Les invito a escuchar mi entrevista sobre este tema:

 

 

 

 

Pueden ver la publicación de Noticias Columbia en este enlace:

 

 

Desigualdad

Alarmante desigualdad social y pobreza en Costa Rica

Según el último el informe del Programa Estado de la Nación (PEN), Costa Rica tuvo el mayor índice de desigualdad social en los últimos 35 años. El informe del PEN indica: “Costa Rica pasó de ser, en el plazo de una generación, una de las sociedades más equitativas de América Latina a una de las más inequitativas. Esta situación es, a su vez, causa y el efecto de otras inequidades que se afianzan en los ámbitos de la producción, el trabajo, la educación, la salud y la tecnología, entre otros”.

Adicionalmente, la última Encuesta Nacional de Hogares del INEC señaló que más de 1.300.000 personas viven bajo la línea de pobreza en nuestro país. Es decir, 1 de cada 4 personas es pobre.

Vale recordar aquí que una cosa es la medición estadística de la pobreza, para lo que se fijan límites objetivos para establecer quién está en situación de pobreza y quién no, y otra la cruda realidad, donde existen muchas personas que sí superan la barrera estadística pero que viven con grandes penurias, carencias y dificultades. Así, hay muchos que, aunque estadísticamente no son considerados en pobreza, con costos logran llegar a fin de mes.

Debemos abrir los ojos ante esta dura realidad que nos interpela como ciudadanos y como sociedad.  Claramente, el problema de la pobreza, del desempleo y de la desigualdad tienen causas estructurales, que deben atacarse con visión de largo plazo, con políticas públicas coherentes, de conjunto, basadas en datos y en evidencia científica, no en populismos y en cálculos electorales.

En un reciente post comentaba sobre la situación de inseguridad ciudadana y explicaba cómo debe combatirse a partir de una política criminal de conjunto. Pues bien, un país que no le ofrece igualdad de oportunidades a todos sus hijos, que parece condenar de antemano a muchas personas a una vida sin expectativas ni posibilidades reales si quiera de luchar por sus sueños, difícilmente podrá lograr combatir de manera eficaz y duradera la criminalidad.

Peor aún, y para eso los ejemplos abundan en América Latina, la desigualdad social es caldo de cultivo propicio para el surgimiento de movimientos políticos populistas, de líderes carismáticos que se presentan como “antisistema”, “outsiders” (para usar el anglicismo), quienes progresivamente comienzan a erosionar los fundamentos de la democracia.

La situación que vivimos es absolutamente intolerable y debería revolver nuestra conciencia ciudadana. Sin embargo, parece ser más bien una realidad a la que nos hemos acostumbrado, con la que convivimos tranquilamente, o que nos negamos a enfrentar volviendo la mirada hacia otro sitio.

Desatender las necesidades del prójimo no sólo es un acto de egoísmo y de falta de solidaridad, sino que además es una peligrosa omisión que como sociedad y como país puede terminar costándonos muy cara…

NoticCOlu

Celeridad en apertura a juicio de crimen de Marco Calzada

¿Por qué el proceso penal juvenil es más rápido que el proceso penal de adultos? ¿Cuáles son las razones que justifican el que exista una regulación procesal penal distinta para los menores de edad imputados de un delito?

El periodista Alejandro Arley, de Noticias Columbia, me entrevistó para conversar sobre estos y otros temas, a propósito del homicidio del joven Marco Calzada. En ese caso, los hechos ocurrieron hace escasos 3 meses, pero en el proceso penal que se sigue contra los menores de edad acusados ya hay señalada una fecha para juicio el próximo 7 de noviembre.

Les invito a escuchar el audio de la entrevista aquí:

 

teletica

Violación indirecta a la libertad de expresión en caso Parque Viva

 

Les invito a ver el programa Estado Nacional que salió al aire este domingo 23 de Octubre en Teletica Canal 7 en el que participé gracias a la invitación de la periodista Lilliana Carranza. El tema que conversamos fue sobre la resolución de la Sala Constitucional por la violación indirecta a la libertad de prensa, con la cual se anuló la orden sanitaria que provocó el cierre de Parque Viva. En el programa participé junto con los periodistas: Armando González Director General del periódico La Nación, Diego Delfino director del medio digital delfino.cr y Raúl Silesky Presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión IPLEX. Aquí el enlace:

 




 

Sobre este mismo tema, la periodista Vilma Ibarra del programa Hablando Claro que se transmite por Radio Columbia, me invitó este lunes 24 de octubre del 2022 a profundizar. Compartí como panelista junto con el periodista y diplomático Eduardo Ulibarri, quien se especializa en libertad de expresión y estrategias de comunicación. 

Reitero lo dicho en la entrevista: «Aquí no se trata de proteger a un medio en particular, o de proteger a un negocio en particular, sino de la defensa de principios sobre los cuales se construye una democracia

Si tienen interés, pueden accesar en el enlace:

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Sentencia de la Sala Constitucional le da un respaldo importante a la labor de la prensa

Le agradezco a Vilma Ibarra por invitarme a su programa “Hablando Claro”, donde compartí con el abogado constitucionalista Marvin Carvajal y con el periodista y Presidente del IPLEX (Instituto de Prensa y Libertad de Expresión) Raúl Silesky. 

 

Comentamos una reciente sentencia de la Sala Constitucional que le da un respaldo muy importante a la labor de la prensa y les advierte a las autoridades del gobierno que deben facilitar el trabajo de los medios de comunicación y nunca obstaculizarlo. 

 

Si les interesa el tema, los invito a ver el programa en el siguiente enlace:

nacion

Quitar el velo que cubre la elección del presidente de la Corte

En mi opinión, el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece la votación secreta para elegir al Presidente o Presidenta de la Corte Suprema de Justicia es contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si les interesa el tema, les invito a leer este artículo de opinión publicado el día de hoy en el periódico La Nación.    
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¿Cuándo aplica la legítima defensa?

La legítima defensa es un instituto penal que nos permite repeler o impedir una agresión ilegítima, para proteger nuestra vida o bienes, o los de otra persona. Sin embargo, tiene sus límites y es importante conocerlos.

Telenoticias me entrevistó respecto a un caso reciente, en el que una persona mató a dos sujetos que intentaron ingresar con armas de fuego a una casa de habitación.

¿Actuó la persona que disparó en legítima defensa?

Les dejo el link de la noticia con algunas de mis apreciaciones.

 


nacion

Caso del Cemento Chino

Les comparto una nota publicada hoy jueves por La Nación, donde se informa sobre la acusación en el caso conocido como el “Cementazo” y se consignan mis declaraciones como defensor de dos de los acusados.

En la legislación costarricense aplica un principio donde todas las personas son inocentes hasta que no se prueba lo contrario, por lo que se les debe tratar como tales. Si cualquiera de nosotros fuera acusado injustamente de un delito que no cometió, con toda certeza pediríamos que se nos respete ese derecho.

Por ello la “máxima de oro”: no le hagamos a los demás, lo que no quisiéramos que nos hagan a nosotros.

En este caso, no condenemos antes de tiempo, sobre todo sin conocer los hechos y las pruebas.


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Dos homicidios y muchas reflexiones

A propósito de los asesinatos de Marco Calzada y Manfred Barbarena

 

Marco Calzada era un joven de 19 años que recién se había graduado del colegio el año pasado. Le gustaba animar con su guitarra las misas de su comunidad y colaboraba como misionero en diversos proyectos de bien social. Era, en fin, un buen muchacho, en los albores de una vida llena de sueños, brutalmente truncada antes de tiempo. La noche del sábado pasado cuatro sujetos lo asesinaron a puñaladas, en la entrada del Barrio Chino de San José.

El hecho, ya de por sí repugnante, como todos aquellos que atentan contra la vida de un ser humano, ha generado aún mayor conmoción porque dos de los sospechosos son menores de edad. Los adolescentes, de 14 y 16 años, se entregaron a la policía en compañía de sus mamás. Por el momento se ignora la edad e identidad de los otros dos.

Estamos aquí ante una doble tragedia, así como ante un clarísimo fracaso de nuestra sociedad. La primera tragedia la aceptamos y la reconocemos sin dificultad: un joven muchacho que, en la plenitud de su vida, fue asesinado a sangre fría, en un crimen incomprensible. La segunda, muchas personas la negarán o descalificarán como pura alcahuetería, pero no por ello deja de ser una tragedia. Y es que dos jóvenes, de 14 y 16 años, fueron capaces de cometer el delito más grave que existe por robarse un celular. ¿Cuál será la historia personal y de vida de estos jóvenes, presuntos homicidas?

Estoy seguro de que, si miramos con detenimiento, veremos ahí el fracaso de nuestra sociedad al que me refería. Una sociedad costarricense cada vez más fracturada, con una mayor desigualdad social, una pésima redistribución de la riqueza, índices de pobreza demasiado altos sostenidos durante demasiado tiempo, tasas de desempleo superiores al 10%, todavía mayores entre la población joven o de adultos mayores. En fin, una sociedad en la que la igualdad de oportunidades parece ser una simple quimera, un fin inalcanzable al cual hemos renunciado hace tiempo, resignados a tolerar lo que es, a seguir viviendo, quizás sufriendo, las consecuencias de la sociedad que estamos construyendo.

En el libro “El Profeta”, Khalil Gibrán trata del crimen y el castigo, señalando: A menudo os he oído hablar de aquel que comete una falta como si no fuera uno de vosotros, sino un extraño y un intruso en vuestro mundo”. Esa es una frase muy cierta, pues tendemos a ver a quien comete el delito como un extraño a nosotros, una persona completamente distinta a nosotros. Y, sin embargo, son seres humanos como nosotros, tienen familia, padres, hermanos, seres queridos. Aman, sufren, sueñan y anhelan como nosotros. Eso sí, muy probablemente no tuvieran las mismas oportunidades y, posiblemente, muchos de nosotros no habremos sufrido ni padecido lo que ellos, carencias, abuso, agresión, banalización de la violencia, cuando no la apología de la misma.

Los fenómenos criminales son complejos, multicausales, no se pueden analizar con enfoques simplistas, superficiales, o maniqueos, donde por un lado están los buenos y por el otro los malos, donde las cosas son blancas o negras. Por eso, conviene resaltar las palabras del papá de Marco Calzada, en un todo ejemplares, sin duda el mejor homenaje para un hijo que profesaba una fe profunda:

“Eran muchas cosas que siempre decíamos que no era normal, nos trajo una luz tan grande que nos enseñó un montón de cosas, nos enseñó a perdonar, y no cabe en nuestro corazón rencor ni odio y les pido que recen mucho por nosotros, pero que también, cuando recen por nosotros, recen por las familias y por las personas que hicieron esto, de verdad, las abrazamos, las perdonamos como Jesús nos enseñó y como Marco me enseñó. Esto lo hacemos con amor y con mucha fe, se ocupa fe”. (Agrego la negrita).

Muchas cosas fallan en una sociedad, en muchos niveles, cuando este tipo de cosas suceden. Tristemente, no son episodios aislados. Hace aproximadamente un mes, en Cuesta de Moras, Manfred Barbarena Novoa, un joven de 23 años que recién había salido de su trabajo y esperaba el bus para regresar a su casa, fue asesinado a puñaladas por un hombre que había sido detenido 92 veces por la policía, entre el 2017 y el 2022.

En este caso, a la tragedia humana y al fallo de la sociedad se suma la evidente y gravísima responsabilidad de una administración de justicia incapaz de cumplir adecuadamente con sus fines. ¿Cómo es posible que una persona sea detenida 92 veces y, aún así, siga feliz y campante por nuestras calles? Por supuesto, todo el mundo tiene derecho a un juicio, toda persona se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario mediante sentencia firme. Pero es inadmisible que la justicia sea a tal punto ineficiente que permita que ocurran situaciones como ésta.

Es hora de reflexionar seriamente sobre el fenómeno de la delincuencia en Costa Rica, pero pensando en una verdadera política criminal, es decir, adoptando una serie de medidas, estatales y sociales, de diversa naturaleza, para atacar y combatir la causas del fenómeno, en lugar de intervenir demasiado tarde, como sucede ahora, cuando ya se ha cometido el hecho irremediable, simplemente castigando el culpable. ¿No sería mejor prevenir el delito que castigarlo? La respuesta es obvia.

Claro, la salida populista siempre es más fácil, crear más delitos, aumentar las penas, hacer megaoperativos policiales con gran despliegue mediático. Todas esas cosas son simples parches, remedios pasajeros para tranquilizar a la opinión pública, pero que no brindan soluciones verdaderas. ¿Hasta cuándo seguiremos posponiendo la búsqueda de un remedio efectivo y duradero a este importante problema? Yo no sé qué piensa usted, pero para mí, ya va siendo hora…